La Fiscalía de Castilla y León tramita en este momento hasta una docena de escritos de calificaciones por delitos graves derivados de agresiones al personal sanitario, lo que conlleva penas de prisión en los casos más extremos que pueden ir de los seis meses, a los cuatro años. Además, apuesta por solicitar más órdenes de alejamiento de los profesionales y del centro afectado como medida cautelar, ya que considera que se está produciendo un “crecimiento exponencial” de estos comportamientos.