Izquierda Unida defendió el traspaso a la sanidad de Castilla y León de los 110.000 pacientes beneficiarios de la Mutualidad general de funcionarios civiles del estado (Muface), un 3,1 por ciento del total, como expone un informe del Ministerio de Sanidad. De esta manera, el Servicio de Salud de Castilla y León recibiría el dinero que se destina a las aseguradoras privadas que siguen prestando este servicio a funcionarios de las diversas administraciones, según explicó la formación política en un comunicado recogido por Ical.

Para la organización, la sanidad pública “ya cubre buena parte de las prestaciones en procesos más costosos y urgentes, por lo que la capacidad de absorber la población mutualizada es incuestionable”. También señaló que la atención, “como ahora, está garantizada por definición”: “La universalidad define al sistema público”.

A su juicio, señalar que “van a dejar tirados a los mutualistas” supone “demagogia mala y su estrategia de negocio”. Pese a ello, defiende que las comunidades autónomas “deben reforzarse desde el funcionamiento público y estarán vigilantes de posibles excusas para externalizar y derivar procedimientos en una nueva línea de negocio privado”.

IUCyL considera “un sinsentido” que funcionarios públicos no utilicen el sistema público de salud y que una parte reciban la prestación sanitaria en una empresa privada sostenida con fondos públicos. Consideran como el Ministerio de Sanidad que “el contexto actual hace que la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública es una opción tan viable como razonable”.

Señalan que hay un lobby de la sanidad privada que “está intentando sacar tajada con la salud de la ciudadanía y de una parte de esta que trabaja para lo público”. “Estas empresas privadas de sanidad no se contentan con el incremento de casi el 20 por ciento ofrecido por el Ministerio de Función Pública y que supone casi 2.700 millones de euros en dos años. Sería interesante que este incremento del 20 por ciento que el PP reclama al Gobierno de España para la sanidad privada, lo llevara a la sanidad pública de las comunidades que gobiernan”, declaró Juan Gascón.

En este sentido, IUCyL no comparte “el sistema arcaico” que consiste en el pago del seguro privado de los funcionarios por parte del estado. Defiende que todo el funcionariado acuda al sistema público de salud, en las condiciones del resto de la población, y que el dinero que se ahorre al abandonar estos convenios se destine a potenciar los sistemas públicos de salud en las comunidades autónomas.