La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) reclamó hoy que la sanidad pública de Castilla y León necesita multiplicar por cuatro su número de psicólogos clínicos. La Comunidad apenas cuenta con 4,5 psicólogos clínicos de media por cada 100.000 habitantes, frente a los 6 de media que hay en España y los 18 de la Unión Europea, de acuerdo con un informe de la Asociación Nacional del Psicólogos Clínicos y Residentes (ANPIR). Esta situación obliga a muchos afectados a recurrir a un psicólogo privado, cuya atención puede llegar a superar los 200 euros al mes.

Por todo ello, OCU solicita aumentar las plazas PIR o Psicólogos Internos Residentes del Sistema Nacional de Salud, que en el año 2021 solo alcanzaron las 198, cifra que se ha visto incrementada ligeramente en la convocatoria de este año 2022 con 204 plazas. En ese sentido, señalan que la situación es especialmente preocupante en un marco como el actual, en el que acaba de aprobarse la nueva Estrategia Nacional en Salud Mental y el Gobierno se ha posicionado favorablemente en este ámbito.

La organización recuerda que los actuales seis psicólogos clínicos que hay en España por cada 100.000 habitantes quedan aún muy lejos de los 20 por cada 100.000 habitantes que recomiendan las autoridades sanitarias europeas. Además, solicita que se incorpore la figura del psicólogo clínico en los equipos de Atención Primaria, de manera que se ofrezca atención terapéutica y no solo farmacológica.

En un comunicado recogido por Ical, señalan que tres de cada diez españoles sufren problemas de salud mental, según el Informe Anual del Sistema Nacional de Salud de 2019. Trastornos de depresión, ansiedad y por somatización son cada día más comunes, especialmente desde la irrupción de la pandemia, lo que ha puesto de manifiesto una situación de saturación en este tipo de atención sanitaria. 

La falta de psicólogos clínicos se suma a la situación de saturación en psiquiatría, también encargada de tratar la salud mental, que en 2021 ascendía ya a 20 días de espera media en las distintas Comunidades Autónomas. En el caso de Castilla y León, consideran que la situación es “incluso peor”, con 35 días de espera media.