Los grupos Popular y Vox, promotores de la proposición de ley para los puestos sanitarios de difícil cobertura, acercan posiciones y avanzan en el trabajo parlamentario antes de que mañana se aborde en la Comisión de Sanidad de las Cortes la penúltima fase de la tramitación parlamentaria, con el debate de las enmiendas presentadas y la elaboración del dictamen que se enviará previsiblemente al último pleno de la legislatura, previsto para el 16 y 17 de diciembre.

Fuentes parlamentarias consultadas por Ical explicaron que ha existido una “negociación real” y “voluntad de acuerdo” para sacar adelante esta iniciativa legislativa que PP y Vox registraron en mayo de 2024, dos meses antes de romper su pacto de gobierno a raíz del reparto de menores migrantes no acompañados. Los dos exsocios se mantuvieron fieles a lo firmado y respaldaron la toma en consideración de la proposición en diciembre de ese año, informa Ical. 

“Hay buen ánimo por los dos grupos y una gran voluntad por llegar a un acuerdo del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez”, explicó el portavoz de Vox, David Hierro. “Como vimos con Carriedo, observamos más voluntad real y de acuerdo por parte de algunos consejeros que por parte de Mañueco, que es ninguna. Ya lo vimos con los presupuestos: lo único que hizo fue dinamitar los avances que fuimos consiguiendo con el consejero de Economía y Hacienda”, dijo.

Mañana, los grupos están convocados a las 10.30 horas en la Comisión de Sanidad para debatir las enmiendas vivas y dejar el texto listo para que llegue a pleno en la recta final de la legislatura. Al cierre del plazo, a principios de julio, el PP registró nueve enmiendas, Vox, 22; el PSOE, 14; UPL, 27, Soria Ya, 40 y Francisco Igea, 12. En varias ocasiones, la oposición ha exigido la convocatoria de esta comisión para debatirlas y avanzar en el trabajo parlamentario.

En este caso, los votos de PP y Vox suman mayoría absoluta por lo que podrían rechazar las propuestas que no se ajusten al espíritu de su norma, que busca atajar por ley el problema de falta de profesionales en los puestos de difícil cobertura, para lo que incluye plazas con incentivos económicos, actividad sanitaria compartida y jornada complementaria de guardia en un centro que no sea el de origen del facultativo.

Medidas extraordinarias

En el caso de los incentivos económicos, están fijados ya entre 6.000 y 1.300 euros anuales para facultativos y profesional de enfermería (grupos A1 y A2) a través del decreto-ley de 28 de febrero de 2019. Entre las medidas extraordinarias recogidas en la proposición de ley se encuentra la de garantizar la continuidad asistencial con lo que se declara actividades de difícil prestación, las guardias, la atención en los centros que no pueden ser realizadas por el personal sanitario del mismo o porque el nivel de especialización requiere de sanitarios no disponibles en el centro.

Para ello se plantea guardias voluntarias en el centro que no sea el de origen del facultativo, con un complemento del 75 por ciento más de si la realiza en su servicio de nombramiento, la colaboración entre centros para garantizar la actividad sanitaria si no es posible por la ausencia de especialistas o la suspensión voluntaria y temporal de la exención de guardias para mayores de 55 años.

De manera que para cubrir estos puestos, la norma registrada establece los criterios para la consideración de puesto de difícil cobertura, como el desfase entre la plantilla orgánica y la real del centro, las circunstancias demográficas o poblacionales del área de salud o zona básica de salud, las diferencias en los ratios de paciente por profesional respecto de la media autonómica o las necesidades adicionales de los facultativos en determinadas categorías.

Una vez conocidos los criterios, se abre el procedimiento de declaración de los puestos de difícil cobertura que se iniciará de oficio por la persona titular en materia de asistencia sanitaria de la Gerencia Regional de Salud. A los efectos de tramitación, en el expediente constará un informe técnico para emitir la resolución por el órgano competente. El siguiente paso será prever esas plazas mediante procesos selectivos específicos por el sistema de concurso-oposición.

Así el Servicio de Salud de Castilla y León, en el plazo de tres años desde la entrada en vigor de la ley, podrá convocar de manera extraordinaria procesos selectivos para impulsar la incorporación urgente y permanente a estos puestos. Además, con carácter previo a esta convocatoria, se podrán realizar otras extraordinarias de movilidad voluntaria, temporal o permanente.